Las empresas mineras tienen la responsabilidad no solo de extraer recursos de manera eficiente, sino también de garantizar un cierre de mina responsable que contemple los impactos ambientales, sociales y económicos que su actividad genera. El cierre planificado y sostenible no es solo una obligación legal, sino una práctica estratégica que protege la reputación corporativa, mitiga riesgos financieros y fortalece la licencia social para operar en futuros proyectos.
Desde el punto de vista técnico, un plan de cierre debe incluir la rehabilitación del ecosistema, el tratamiento de pasivos ambientales y el monitoreo post-cierre, en línea con estándares internacionales como el ICMM (2019) y la ISO 14001. Sin embargo, muchas empresas fallan en asumir una responsabilidad integral al no incorporar activamente a las comunidades en el proceso, lo que genera conflictos sociales y pérdida de legitimidad, como se evidenció en el caso de la mina San Antonio en Puno (González & Tapia, 2020).
La inversión en un cierre responsable debe considerarse parte del ciclo económico del negocio minero. La previsión de fondos, la innovación en tecnologías de remediación, y la creación de estrategias de transición económica para la población local no solo evitan sanciones legales o daños reputacionales, sino que también representan un modelo de negocio sostenible a largo plazo. En este sentido, una empresa que cierra bien una mina no pierde, gana: gana confianza, continuidad y legitimidad en un contexto cada vez más exigente ambiental y socialmente.
Comentarios
Publicar un comentario