La remediación ambiental no debe ser vista como un favor, sino como una obligación. Este principio, recogido en múltiples normativas ambientales internacionales y nacionales, establece que las empresas que generan impactos deben asumir el costo de mitigarlos. Ceder esa carga al Estado es trasladar una deuda privada a los ciudadanos.
Una empresa realmente responsable no abandona el territorio una vez que ha extraído sus recursos. Al contrario, debe dejarlo en condiciones sostenibles. La planificación del cierre y la restauración del entorno deben estar incluidas desde la fase inicial del proyecto minero.
Las empresas que gestionan adecuadamente su impacto ambiental ganan la confianza de las comunidades, inversionistas y reguladores. En cambio, las que se desentienden de la remediación enfrentan conflictos sociales, sanciones y pérdida de legitimidad. Invertir en sostenibilidad es una decisión estratégica, no solo ambiental.
Muchos países exigen que las empresas mineras constituyan fondos o seguros para garantizar la remediación al final de la vida útil de una mina. Esto evita que el Estado termine pagando si la empresa desaparece o se declara insolvente. Una empresa responsable cumple con esta medida desde el inicio.
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